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Luego de varias horas de audiencia en los juzgados de control del penal de Cuautitlán Izcalli, en la que hubo varios recesos y que concluyó por la noche de este jueves, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso Ken Omar, el automovilista que atropelló y mató a Jorge Claudio, el pasado 24 de diciembre.
Recordar al auditorio que Ken Omar, conducía ese día un vehículo Mini Cooper en una de las principales vialidades de Cuautitlán Izcalli y al perder el control de su unidad, debido a que se encontraba en estado de ebriedad, embistió al comerciante quien iba en un triciclo en el que vendía tamales y atole.
Metros más adelante Ken Omar fue detenido por elementos de tránsito de esta demarcación y puesto a disposición del agente del ministerio público del centro de justicia local, pero horas más tarde fue puesto en libertad, lo que generó gran molestia de los familiares de Jorge Claudio.
Días posteriores, parientes de Jorge Claudio, ciclistas, vecinos y amigos bloquearon la carretera federal México Querétaro para exigir justicia por la muerte del tamalero, lo que generó que la fiscalía reconsiderara el caso se reconfigurara el delito de homicidio culposo a doloso eventual y consiguiera una orden de aprehensión contra Ken Omar, quien finalmente fue aprehendido y puesto de nueva cuenta ante el agente del ministerio público.
Tras la audiencia, en la que fue vinculado y se le dicto prisión preventiva oficiosa a proceso Ken Omar y en la que se fijó un plazo de tres meses para el término de la investigación que concluirá el primero de abril, la fiscalía anunció que también inició investigaciones a través de sus órganos de responsabilidad, supervisión, control y vigilancia en contra de servidores públicos relacionados con el caso.
El Fiscal José Luis Cervantes Martínez instruyó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, para que en el ámbito de su competencia iniciaran las investigaciones para deslindar posibles responsabilidades penales y administrativas en contra de los servidores públicos que tuvieron intervención durante los actos de investigación, dictamen, integración y determinación de la carpeta de investigación correspondiente.
Así, agentes del ministerio público, peritos y policías de investigación que intervinieron y actuaron en la indagatoria, fueron separados de sus funciones sustantivas a efecto de facilitar la actuación de los órganos señalados.
La fiscalía presume irregularidades posiblemente constitutivas de responsabilidad penal y/o administrativa, por lo que informó que en caso de que se acrediten, se aplicarán las sanciones a que haya lugar.
